El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a la Cámara de Diputados para entregar a la Mesa Directiva el plan B de reforma electoral el cual, aseguró, respeta a la Constitución.

El funcionario federal rechazó las acusaciones de la oposición de que “marque agenda” a los y las legisladoras de la coalición Juntos Hacemos Historia. Sin embargo, aceptó que el documento no es conocido todavía por las y los diputado de Morena, PT y Verde Ecologista.

“Yo no marco ninguna agenda. Yo lo único que hago es cumplir con la instrucción del presidente que por mi conducto presenta esta iniciativa”, respondió.

El encargado de la política interior del país manifestó que la oposición tendrá su derecho en acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a inconformarse con el plan B, sin embargo, sostuvo que la iniciativa fue trabajada por la Consejera Jurídica de Presidencia, María Estela Ríos González, abogados de la misma Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda. 

Este martes previo a la discusión de la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, también se difundió el plan B anunciado por el titular de Gobernación, Adán Augusto López, de reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

¿En qué consiste el plan B de reforma electoral de López Obrador?

La propuesta incluye obligar a los legisladores que pretendan reelegirse a separarse de su cargo con el fin de evitar el uso de recursos públicos en sus campañas electorales. Se obliga al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a las personas funcionarias del INE.

Se garantiza el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Se garantiza el voto de las personas con discapacidad en estado de postración.

Señala límites a las “acciones arbitrarias tanto del INE como del TEPJF” respecto de interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos político-electorales, la autodeterminación de los partidos políticos, entre otros.

La iniciativa compacta la estructura orgánica del INE y de los OPL en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Los Órganos Distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no electoral. 

Elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se suprime la franquicia telegráfica de los partidos políticos. Se unifica el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real.

Fuente: Excelsior