El Estado Mayor Presidencial (EMP) elaboró un protocolo de protección para candidatos presidenciales, cuya ejecución será a petición de los interesados.

Para el resto de candidatos, que compitan para diputados y senadores, será la Policia Federal y las autoridades civiles las que otorguen directamente el apoyo, igualmente con base en los lineamientos del EMP. Para los locales los encargados de procesar las solicitudes serán los órganos electorales estatales.

El protocolo fue presentado esta mañana, en privado, al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Cordova.

Si un candidato considera que está en riesgo, deberá informar de ello al INE, el cual, a su vez, se lo solicitará a Gobernación y al Estado Mayor Presidencial. Aquí el trabajo de la Policía Federal será complementario, principalmente en traslados, en sitios de pernocta y oficinas de campaña.

El secretario Navarrete Prida dijo que la seguridad de los candidatos es una responsabilidad del gobierno; que el objetivo es dar las mayores medidas de protección que así lo soliciten los aspirantes presidenciales, y que el gobierno federal “está abierto para, en este marco de facultades que tiene, no entrometerse en el proceso electoral, no participar en campañas porque no es su función ni vocación, sino darle el apoyo al árbitro electoral.

“El tema de la seguridad pública es un tema no claudicable, no negociable, no allanable, que lo asumimos con toda responsabilidad y lo dejo claro para dejar muy bien establecido que no se trata de trasladarle al INE esta responsabilidad que constitucionalmente nos obliga a los niveles de gobierno a hacerla valer muy bien”, dijo en un mensaje a medios.

Por el contrario, agregó, se trata de reconocerle al INE su papel de árbitro y hacerle sentirse apoyado para la realización de su función.

El consejero presidente subrayó lo anterior en el sentido de que el INE no es responsable de la seguridad de los candidatos, de la campaña o de la jornada electoral del 1 de julio, y tampoco para juzgar las condiciones de seguridad sino los candidatos y candidatas, y eventualmente los partidos políticos, quienes pueden hacer la solicitud de protección.

“Que hoy hayamos tenido conocimiento de este protocolo, lo que hemos convenido con el secretario de Gobernación es que haré de conocimiento del mismo a la y los candidatos presidenciales y si así lo desean hagan la solicitud correspondiente que será tramitada sin ninguna dilación a la Secretaría de Gobernación”, explicó.

“La seguridad y la paz pública es indispensable pero la construcción de ello requiere definiciones bien claras, responsabilidades bien definidas; el INE es un organismo autónomo y somos celosos de nuestra autonomía, pero somos un órgano del Estado y entendemos que la coordinación y la comunicación con las instancias de seguridad es indispensable para cumplir con nuestra responsabilidad de organizar los comicios que implican, por ejemplo, la instalación de más de 157 mil casillas en todo el país.

“No traslapamos, no subrogamos la responsabilidad de proveer paz pública que tiene responsables bien definidos pero sí estableciendo canales de comunicación para que el proceso electoral llegue a buen puerto”, dijo Córdova.

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